Manifiesto por la Autodeterminación del Individuo

Este es un manifiesto elaborado por Juan Pina hace algunos años y que fue publicado en la revista que dirigía, Perfiles del Siglo XXI en su último número impreso, antes de pasar a ser una edición exclusivamente digital.
Lo he querido traer aquí y colgarlo porque me parece una declaración de principios muy sólida y si existiera la ocasión para que alguien que no lo conociera pudiera leerlo habría valido la pena.

Aquí se hace una “profesión de fé” en el liberalismo-libertario, alejado del liberalismo institucionalizado y conformista que practican muchos partidos europeos.

Lo cuelgo completo, a pesar de ser un poco largo por el interés del mismo.

MANIFIESTO POR LA AUTODETERMINACIÓN DEL INDIVIDUO

 

Preámbulo

Este Manifiesto por la Autodeterminación del Individuo es un llamamiento a ser conscientes de la propia individualidad y de la soberanía personal que implica. Es también un argumentario en favor de la supremacía de la libertad individual y es, por último, una solemne declaración de independencia personal que el autor firma y pone a la disposición de cuantos quieran sumarse a ella.

1. Consideraciones éticas y filosóficas.

1.1. Como la persona no existe antes de su concepción por otros dos seres humanos, es obvio que la decisión inicial de vivir en el mundo le es ajena e impuesta por la voluntad de otros o, en muchos casos, casi por azar. Además, durante un largo periodo de infancia y adolescencia el individuo no está capacitado para ratificar esa decisión ni imponer condiciones a la misma.

Las personas nacemos —por decisión de otros seres humanos— en un determinado entorno físico, familiar y social, y dotadas de unas características genéticas concretas. Obviamente hay toda una parte de ese marco que jamás podremos cambiar, pero decidir sobre la parte modificable del mismo nos compete en exclusiva. No hay voluntad ajena —ni de otro individuo ni de la colectividad, ni impuesta por la tradición ni por las creencias místicas predominantes— que merezca una consideración moral más alta que la voluntad propia, ni hay, por tanto, limitación alguna al ejercicio de la libertad humana que cuente con una legitimidad natural y objetiva.

Las restricciones a la libertad humana individual basan su legitimidad en el derecho de los otros individuos, lo que constituye una base eminentemente pragmática de la que se derivan condicionantes a la libertad individual que son también pragmáticos —no naturales ni objetivos sino meramente prácticos para la coexistencia de las personas—. El entorno humano, que sin duda nos brinda muchos elementos positivos y hasta imprescindibles, se ocupa también de cercenar nuestra libertad mucho más allá de las limitaciones físicas y biológicas naturales.

Dependiendo del azar, el ser humano nace y se desarrolla en un entorno humano con mayores o menores restricciones a su individualidad, y millones de personas jamás llegan a ser conscientes de su soberanía, de su derecho a la misma ni de la enorme invasión de ésta que padecen. Pero el individuo humano es un ser inteligente y capaz de autogobernarse. El derecho a hacerlo es natural, fundamental e inviolable, y su rango moral es superior a cualquier imposición pragmática de otros seres humanos y al consenso que los demás alcancen para organizar su vida en común.

1.2. A partir del momento en que la persona alcanza un desarrollo intelectual suficiente, momento que podemos establecer hacia el final de la adolescencia, está en su derecho de reconsiderar y modificar todo aquello relativo a sí mismo y a su vida que de él dependa, incluido el propio hecho de existir. Esto le faculta para tomar y cambiar en adelante cuantas decisiones desee sobre su persona, su cuerpo y demás propiedades, su mente y su aceptación o rechazo de cualquier valor, su nombre, su relación con los demás y su forma y estilo de vida. No tomar decisión alguna, como hace gran parte de la población, es también una decisión, aunque con frecuencia no sea consciente. Es decir, quienes por su voluntad o por simple inconsciencia, por inercia cultural o por desidia se dejan llevar por el statu quo en el que nacieron y fueron educados están también ejerciendo una opción.

1.3. La fuente de todos los derechos que asisten al individuo y que le sitúan por encima de cualquier imposición grupal parte del entendimiento del ser humano como un fin en sí mismo, como un ser cuya propia felicidad y realización constituye su misión primordial, aun cuando decida libremente ejecutarla mediante el servicio a los demás.

Durante siglos se nos ha enseñado desde las más diversas filosofías e ideologías —desde el cristianismo y el judaísmo hasta el islam, desde el fascismo a la socialdemocracia y desde el comunismo hasta el conservadurismo— que la persona vive en función de la comunidad humana a la que “pertenece”, que el sacrificio por los demás es tan noble que constituye casi una exigencia moral, que perseguir la propia satisfacción —sobre todo económicamente— es egoísta e insolidario. Ha llegado el momento de recuperar para el individuo —para todos los individuos— la legítima afirmación de su persona y, por consiguiente, de su acción en beneficio propio como algo éticamente correcto.

La filosofía del “altruísmo”, es decir, de la afirmación del “otro” (alter) ha sido impuesta desde la escuela hasta el asilo y desde los púlpitos de la iglesia, las tribunas de la política, la alienadora acción coercitiva del Estado, la paternal institución de la familia o las más diversas organizaciones humanas, pero siempre con el objeto consciente o no y a veces incluso bienintencionado de someter al individuo.

2. La ilegitimidad de origen de toda coerción sobre la persona.

2.1. Como consecuencia directa del origen involuntario de la vida propia, y con base en las consideraciones antes expuestas, toda forma de limitación del poder de la persona sobre sí, su vida y sus decisiones adolece de una profunda ilegitimidad de origen. Aunque todas las demás personas de la Tierra estuvieran plenamente de acuerdo en imponer a un individuo tales limitaciones, seguiría siendo de superior rango el derecho natural de ese individuo a no acatarlas, en tanto el desacato no perjudicara de forma directa y demostrable a terceros.

Como las personas somos en gran medida seres gregarios que necesitamos la relación con nuestros semejantes para llevar una vida soportable, es necesario establecer ciertas normas de convivencia, pero es a la vez necesario tener presente que tales normas se dictan por conveniencia práctica y que en ningún caso pueden sustituir ni superar en importancia al derecho natural del individuo.

2.2. Las citadas normas, por más que se las pretenda “generales” o “universales” afectan a los seres humanos que optan por convivir con los demás en un determinado entorno social: aquel en cuyo ámbito rigen tales normas. Pero es igualmente lícito alejarse y vivir fuera de esas normas, asumiendo las consecuencias de soledad que ello pueda conllevar, o reunirse con otros individuos y, al margen de la mayoría, pactar con ellos una convivencia basada en otras normas más acordes con los deseos e intereses de los integrantes.

La dificultad de hacerlo en el mundo globalizado actual y el alcance territorial —éticamente cuestionable— de la jurisdicción de los Estados sobre la práctica totalidad del planeta limitan de facto estas opciones pero no menoscaban el derecho natural a ejercerlas que sigue asistiendo hoy a todo ser humano.

2.3. Como consecuencia de lo expuesto, todo conjunto de normas y reglas de convivencia es de aceptación estrictamente voluntaria, por más que la no aceptación implique la exclusión de un grupo o sociedad y pueda conllevar la inmoral expulsión del territorio correspondiente o el dramático confinamiento en prisión. Una vez más, acatar irreflexivamente las normas que limitan el autogobierno personal es también ejercer una opción: tal vez la más cómoda para la mayoría pero también la más dolorosa y humillante para algunos.

3. Cuando la democracia se convierte en excusa.

3.1. Conforme las sociedades humanas se fueron haciendo más complejas y sofisticadas, surgieron formas de gobierno colectivo que pretendieron alcanzar un orden social justo, pacífico y seguro. Pero posteriormente, durante una gran parte de la Historia humana, esas construcciones derivaron en diversas formas de tiranía que sometieron y someten aún al individuo, en muchas partes del mundo, a niveles insoportables de destrucción de su autogobierno y hasta de su identidad.

Desde las revoluciones francesa y americana, y desde la contribución intelectual del Siglo de las Luces, en el mundo occidental se ha venido produciendo una lenta devolución parcial del poder a la persona, y un reconocimiento aún más lento y parcial de su derecho natural, garantizado en algunas declaraciones y en muchas constituciones. Al borde del siglo XXI, esa devolución ha permitido a millones de personas conquistar unas cotas de autogobierno con escasos precedentes en los milenios anteriores, pero esas cotas, incluso en Occidente, siguen siendo insuficientes.

3.2. Paradójicamente, ese proceso de tímido reconocimiento del derecho natural del ser humano a su autogobierno ha discurrido en paralelo con un crecimiento también sin precedentes de las estructuras políticas de organización colectiva, cuyo alcance ha terminado por invadir nuevas áreas del autogobierno individual. Se ha consagrado así libertades largo tiempo anheladas, pero al precio de perder otras o de vivir en una permanente tutela que, en muchos casos, resulta insidiosa.

En su camino hacia la libertad, una Humanidad temerosa y débil ha optado por conquistarla a fuerza de decretos y burocracia, Estado y policía, poder casi irrestricto para los gobernantes a cambio de un trato benévolo de éstos y de la implantación de sistemas de legitimación democrática que sin duda son un avance frente al autoritarismo, pero que han servido para glorificar el entendimiento colectivista de la sociedad y del ejercicio del poder y, por ello, para seguir invadiendo el ámbito de decisión de la persona.

3.3. Es decir, la democracia y el Estado de Derecho constituyen un paso de gigante de la Humanidad en la gestión de lo común, pero no es justo que paguemos por ello un mayor colectivismo ni tengamos que conformarnos con que, con la excusa de la democracia, se nos arrebaten aún parcelas importantes de nuestro autogobierno individual que, como antes se expuso, es anterior y superior a la propia democracia y a cualquier otra fórmula de organización social.

4. El individuo y el contrato social.

4.1. Mucho se ha escrito sobre el contrato social entre gobernados y gobernantes, con frecuencia para ensalzar las virtudes de un sistema más teórico que práctico, y que parece casi diseñado para tranquilizar a las personas o incluso para ocultarles la usurpación de su autogobierno. Si continuamos separando claramente el ámbito colectivo del individual, no hay duda de que en el primero es muy deseable que se dé realmente un contrato así: que los gobernantes estén de veras maniatados por la voluntad popular a la hora de ejercer el poder.

No en vano, las constituciones surgieron, mucho más que como una norma suprema de organización social, como una legítima imposición de la gente a los reyes y, después, a los mandatarios republicanos. Y habría que añadir que es una lástima que se haya perdido, en muchos países, ese claro entendimiento de la esencia de las constituciones. Ahora se emplea más la frase mágica “es que la Constitución dice que…” para limitar la acción individual y grupal de las personas que para limitar al gobierno.

4.2. Pero en cualquier caso, ese contrato social entre gobernantes y gobernados, ¿dónde deja al individuo? Habría que replantearlo como un contrato tripartito porque la suma de las voluntades de miles o millones de gobernados no resuelve por sí sola la relación de cada individuo con el poder.

En otras palabras, la plena legitimación de los gobernantes y de su acción no depende sólo de la aceptación mayoritaria sino también de la aceptación individual, caso por caso, cuando se trata de decisiones que afectan directa o especialmente a una persona. No basta que el poder cuente con el respaldo “de todos” o “de la mayoría”, sino también con el de cada uno en lo que a ese uno afecta. Organizar esto es sin duda complejo pero, en muchos aspectos concretos, podría y debería intentarse mucho más de lo que habitualmente se hace.

4.3. En virtud del contrato social se nos ha enseñado a aceptar sin rechistar lo que el poder nos ordena o prohíbe, porque quienes lo ostentan actúan “en nuestro nombre”, están “legitimados en las urnas” o responden a la voluntad de la mayoría. Siempre es más elegante que la imposición se nos justifique así en lugar de venirnos dictada por un tirano, pero ninguna de esas excusas es éticamente válida para limitar nuestra libertad, aunque pueda ser necesaria para el grupo por razones, una vez más, de pura conveniencia organizativa.

4.4. Un nuevo entendimiento tripartito del contrato social debería incluir al individuo como una de las partes del mismo, al menos en pie de igualdad con las otras dos, reconocer que la soberanía reside en las personas y no en conceptos vagos y difusos como “la nación” o “el pueblo” y establecer claramente los casos en los que el individuo la delega en el grupo, cuándo y cómo puede negarse a delegarla (por ejemplo, pero no exclusivamente, en los casos de objeción de conciencia), cómo se diferencia la relación del poder con la sociedad y con cada uno de sus miembros, y cómo y con qué consecuencias puede el individuo rescindir unilateralmente el contrato (por ejemplo mediante la renuncia a la ciudadanía, con la pérdida de sus derechos y obligaciones, y el eventual apartamiento voluntario de la sociedad para vivir solo o con otros en un entorno diferenciado o su salida del territorio correspondiente).

Cabe abundar en el hecho de que, si la “patria” y sus consecuencias sobre el individuo le vienen impuestas a éste y no son resultado de su libre decisión, su sustitución por otra y la apatridia son opciones personales de incuestionable legitimidad. Es curioso que la hoy obsoleta Declaración Universal de los Derechos Humanos insista en el derecho individual a una nacionalidad (es decir, a ser súbdito de un determinado Estado) pero no reconozca el derecho a elegir cuál, ni a renunciar a ella, ni tampoco el derecho complementario: el derecho a no tener “patria” alguna si así se desea.

5. La soberanía.

5.1. Cuando se hace recaer la soberanía en el grupo —un grupo, además, tan amplio que nos abarca a todos—, en realidad se nos está sustrayendo una porción considerable de la misma. La soberanía no le pertenece a un ambiguo “todos nosostros” sino a cada uno de nosotros.

El grupo (“patria”, clase social, pueblo, sociedad, nación o como se le quiera denominar) no es otra cosa que la suma de sus integrantes, ni más ni menos. No es un ente diferenciado ni interpretable desde una visión organicista ni corporativista, no tiene vida ni consciencia propias ni por tanto una voluntad que pueda esgrimirse como argumento para limitar la del individuo, no es sujeto de derechos diferentes de los que asisten a sus miembros ni tiene, desde luego, derechos de ninguna clase sobre éstos —antes al contrario, son los partícipes del grupo quienes están individualmente dotados de sus respectivas cuotas de derechos sobre el mismo, ejercibles en relación con todas aquellas decisiones que necesariamente hayan de tomarse de manera colectiva por trascender de forma objetiva el alcance, siempre prioritario, de la soberanía personal—.

Las personas, en gran parte del mundo, hemos conseguido a duras penas arrancarle la soberanía a los monarcas que esgrimían su supuesto derecho divino y a toda clase de tiranos que empleaban cualquier otra excusa para usurparla. Pero poco arreglamos si, una vez reconquistada, la delegamos con tanta generosidad en una nueva clase de gobernantes más simpáticos y “legitimados” pero igualmente dispuestos a emplearla en beneficio de su proyecto de sociedad, casi siempre colectivista y limitador de nuestra libertad; o bien en aras de su entendimiento del Estado, cuando no en beneficio propio.

5.2. La soberanía nos pertenece. Si optamos por vivir en una sociedad somos dueños de la millonésima parte que nos corresponda de la soberanía colectiva (no estaría de más darle a cada persona un título, una especie de acción, para que se visualizara mejor este hecho), aparte de seguir siendo, principalmente, dueños exclusivos y únicos de nuestra soberanía personal. Respecto a ambas debemos ser extremadamente vigilantes, ya que de lo contrario nos las arrebatarán sin que nos demos cuenta. Respecto a la primera, es decir, a nuestra porción de soberanía común, deberíamos ser capaces de ejercerla muchas más veces, con mucha mayor efectividad y no sólo para escoger a nuestros gobernantes sino para ordenarles en la mayor cantidad posible de casos lo que deben hacer.

Pero al mismo tiempo se debe impedir a todos ejercer su porción de soberanía colectiva para mandar a los gobernantes acciones que atenten contra la soberanía individual de otros, ya que ésta, igual que la nuestra, es más elevada. Y sin embargo, éso es precisamente lo que sucede de manera constante en muchos ámbitos, y particularmente en el de la política: grupos de interés de la más diversa naturaleza coordinan sus porciones de soberanía colectiva para imponer limitaciones a la soberanía individual de otros.

5.3. La soberanía individual nos faculta para hacer absolutamente cuanto deseemos, con la única pero fundamental excepción de aquellas cosas que verdadera y demostrablemente perjudiquen a otro. “Hacer”, en este contexto, incluye por supuesto “no hacer”. Este principio básico está formalmente reconocido por casi todas las instituciones democráticas, pero se ve sistemáticamente vulnerado y reducido en aras de un difuso “interés general” que encubre con frecuencia el interés particular de sus diversos intérpretes en el campo de las ideas o en el de la política. Intérpretes que no tienen empacho ni rubor en limitar nuestra soberanía para favorecer, no el objetivo restablecimiento de la soberanía vulnerada de otro, sino aquellos intereses que a su criterio o a su capricho coinciden con los del grupo o la mayoría de sus miembros.

La libertad de cada uno no termina donde empieza ese discutible eufemismo que en realidad sirve como excusa para que las élites interpretadoras hagan y deshagan a su antojo, sino que termina donde realmente comienza la inalienable soberanía individual de otro, pero de “otro” con nombre y apellidos. Las consecuencias fundamentales de la soberanía individual son nuestro indiscutible autogobierno y nuestra plena potestad sobre nuestra propiedad.

6. Persona y propiedad.

6.1. La persona nace con algunas propiedades: el proceso biológico que llamamos “vida”, el cuerpo y sus órganos y productos, la opción reproductiva, la mente y la capacidad de pensar e idear, la fuerza y la capacidad de transformar la materia. Con el paso del tiempo adquiere otras propiedades, como los conocimientos, la experiencia, la habilidad, la capacidad de trabajar y los objetos, títulos y derechos que obtiene por diferentes medios: a cambio de su trabajo intelectual o físico, por regalo, por azar, por usucapión legítima, por su habilidad en la adquisición y enajenación de otras propiedades u otras formas de interacción con otros individuos, etcétera.

La propiedad es indisociable de la condición soberana de la persona: es la faceta tangible del carácter humano y no meramente animal de la persona. Es el ámbito sobre el que ejercemos nuestro autogobierno. Cuando una persona trabaja o piensa, vende o compra, fuma o decide ponerse en huelga de hambre, hace o recibe un regalo, dona sangre o se suicida, está afectando su propiedad en diferentes grados y en ejercicio de su soberanía, sin la cual no tendría más que una existencia alienada, meramente biológica y similar a la de los animales. Cuando se priva a una persona de su propiedad bienhabida se hace añicos su soberanía y se la reduce a la condición de esclava, porque sin propiedad casi no hay persona.

6.2. Es lamentable pero lógico, por tanto, que el entorno social colectivista procure por diferentes medios, a través de los gobernantes, limitar nuestra propiedad, sustraernos una parte o condicionar el uso que hagamos de ella.

Las personas no se ven expropiadas solamente cuando el Estado les quita sus tierras para construir infraestructuras “en interés general” o cuando se les impone tributos, sino también cuando se les obliga a tomar las armas para lanzarse a una guerra, o cuando se les fuerza a prestar un servicio social o militar, o a trabajar gratis o a donar contra su voluntad un órgano o producto corporal, o a tener o no tener hijos, o a votar si no desean hacerlo, o a participar involuntariamente en un jurado o en una mesa electoral, etcétera.

Es decir, las limitaciones a la propiedad impuestas por los gobernantes y demás intérpretes del “interés general”, con la sorprendente e irresponsable anuencia de la mayoría, son muchas, muy diversas y de consecuencias y alcances muy variados.

6.3. Ante esto, el ser humano está en su perfecto derecho natural de defenderse y protegerse, y, llegado el caso, de abandonar un entorno que considere insoportable por el expolio excesivo de su propiedad, en sentido amplio. Conscientemente o no, millones de personas se esconden o huyen de los entornos sociales que limitan la propiedad o ponen trabas a su legítima obtención o intercambio. Es la suerte que corren tanto los emigrantes (que buscan rentabilizar mejor el uso de propiedades como su inteligencia y su trabajo) como quienes protegen su dinero en un paraíso fiscal ante la depredación de Hacienda, tanto las muchachas que escapan de países donde se practica la terrible ablación del clítoris como los insumisos que huyen del servicio militar, tanto los exiliados de regímenes represivos como las mujeres que se ven forzadas a abortar fuera de su país, tanto los ciudadanos que se fingen enfermos para no participar en un jurado como los consumidores de cannabis que vuelan hasta Amsterdam para comprarlo sin dar con sus huesos en la cárcel. En definitiva, libertad y propiedad son dos caras de una misma moneda: la soberanía personal que nos corresponde a todos y sin la cual perdemos nuestra dignidad humana.

7. Individualismo no es egoísmo.

7.1. La exigencia que algunos seres humanos hacemos de nuestra soberanía personal puede denominarse individualista, pero no tacharse de egoísta. La persona individualista, si basa su individualismo en las consideraciones éticas anteriormente expuestas, no puede dejar de considerar que comparte el planeta con otros seis mil millones de individuos a los que debe y necesita reconocer una soberanía personal idéntica a la que reclama para sí.

La mayor parte de las personas son naturalmente solidarias y expresan ese sentimiento de muy diversas maneras. Un entendimiento individualista de la solidaridad faculta a cada persona para ejercerla o no, y para hacerlo de manera directa o indirecta, así como para decidir libremente la magnitud del esfuerzo a realizar y el destino de su acción humanitaria.

La acción solidaria, como las demás acciones del individuo, es eminentemente privada y carece de sustento moral cuando se realiza bajo coacción o imposición de otra persona o de la mayoría, llegando entonces a convertirse en expropiación y a mermar la soberanía individual y, por tanto, la dignidad humana.

7.2. Aunque a los individualistas se nos tache frecuentemente de insolidarios, los colectivistas, en su afán igualitarista, suelen serlo en mayor medida. El individuo autoconsciente, como valora enormemente su soberanía personal, suele ser mucho más respetuoso de la soberanía de los demás que los colectivistas. La mayoría de los individualistas creen en la solidaridad tanto como puedan hacerlo los colectivistas, con la única pero fundamental diferencia de que no están dispuestos a imponerla coactivamente a quienes no se sientan solidarios.

La solidaridad espontánea y voluntaria es una forma más, y muy digna, de ejercer el derecho al autogobierno individual, y en particular al uso de la propiedad (dinero entregado, tiempo dedicado a atender desinteresadamente a otros, sangre donada o trabajo voluntario realizado, etcétera). Pero la solidaridad forzada no es tal solidaridad sino un expolio inmoral que aliena a quien lo sufre y rebaja a quien lo ejerce, pues está violando brutalmente la soberanía personal de otro.

7.3. Además, el ser humano es especialmente útil a los demás cuando actúa en beneficio propio, porque para conquistar su bienestar y su felicidad necesariamente debe crear, inventar, trabajar, invertir o actuar de otras muchas formas, todas las cuales aportan algo a los demás seres humanos. Por lo tanto, la actividad humana en persecución de los intereses propios debe considerarse como beneficiosa y no tacharse de egoísta, como hace la moral colectivista.

Es necesario rehabilitar el lucro como motivación legítima y moralmente correcta de los actos humanos. Por alto que sea el mérito de la acción abnegada de quien se dedica solamente a los demás, no es mayor que el de quien se esfuerza en conquistar metas para sí, y, si analizamos todo lo que el segundo contribuye a la sociedad impulsado por esas metas, es muy probable que su aportación resulte finalmente más útil al grupo que la del primero.

8. Colectivistas y políticos: una férrea coalición anti-individuo.

8.1. Los colectivistas, con o sin consciencia de ello, buscan en las instituciones comunes que para su provecho han establecido no sólo la legítima protección de la soberanía personal que les pertenece, sino también la ilegítima merma de la soberanía de otros al objeto de beneficiarse a sí mismos o a su particular entendimiento de cómo debe funcionar la sociedad.

Recurren entonces a los políticos, que, como necesitan la mayor cantidad posible de apoyo popular y como saben que la gran mayoría de las personas son colectivistas, compiten entre sí para ofrecer a las masas lo que éstas quieran, aun cuando para ello deban desposeer al individuo de una parte sustancial del autogobierno que le corresponde como expresión de su inalienable soberanía.

Millones de seres humanos escogen una u otra opción política colectivista en función de lo que les “ofrece”, sin darse cuenta de que, cualquiera que sea el ofrecimiento, sólo se podrá cumplir a expensas de la expropiación masiva a la ciudadanía y de una merma considerable de la soberanía personal de todos —no sólo de los “ricos”—, incluidos los votantes de la opción elegida.

8.2. Todas las ideologías colectivistas de izquierda y de derecha, desde el fascismo al comunismo y desde la democracia cristiana a la socialdemocracia, han sometido (si bien en grados muy distintos) al individuo y han impuesto, por la fuerza de las armas o por la fuerza de los votos, sistemas que anulan o reducen la soberanía personal y, notablemente, el derecho de propiedad (en el sentido amplio antes expuesto).

Incluso entre los representantes de la ideología menos colectivista que ha existido, el liberalismo (clásico), se ha dado con excesiva frecuencia la convicción de que sólo desposeyendo “un poco” a los individuos de su autogobierno y propiedad es pragmáticamente ejecutable asegurar la máxima libertad “posible” para todos.

La inmensa mayoría de los políticos discuten cómo usar el poder, no cómo devolvérselo a las personas; cómo usar el dinero recaudado coactivamente, no cómo retornárselo a sus legítimos dueños. La actividad política no tendría atractivo para ellos si no implicara la conquista del poder sobre la gente, por muy elevados que sean los valores que quieran imponer con ese poder. Una vez que lo obtienen, no dudan en combatir por diversos medios a los individuos que se resisten a entregarles parte de su soberanía o de su propiedad, individuos que terminan por verse descalificados por los medios de comunicación al servicio del colectivismo estatal y oprimidos por leyes que contravienen de forma expresa el derecho natural y por tanto superior de las personas a su autodeterminación.

Pese a todo, la política sigue siendo un campo de batalla útil para los liberales libertarios, siquiera para captar la atención pública y reunirnos en torno a partidos que, si bien serán siempre minoritarios, podrían alcanzar cierta relevancia institucional y favorecer en alguna medida la devolución del poder al individuo.

8.3. Naturalmente, el grado de alienación del individuo varía enormemente de una sociedad a otra, pero en todas se dan unos patrones comunes de sometimiento que parten de la idea extendida de que el “bien común” y el “interés general” están por encima de los intereses y bienes particulares —que no se dudará en confiscar y saquear bajo pena de cárcel en caso de resistirse— y de los derechos del individuo —que no se dudará en pisotear legislativamente de mil y una maneras—.

Así surgen limitaciones de la soberanía personal como los impedimentos a la libertad de tránsito y asentamiento en función de las fronteras territoriales que imponen los dos centenares de Estados que se han repartido el planeta, o como el servicio militar o social gratuito, o el pago de impuestos o la prohibición de consumir ciertas sustancias o de conducirse por normas morales distintas de las mayoritarias, por sólo poner algunos ejemplos cotidianos de la escandalosa invasión de nuestra soberanía.

9. La lenta muerte del colectivismo.

9.1. El estado de cosas denunciado sigue vigente pero, desde hace unas décadas, sufre una contestación sin precedentes por parte de individuos, minoritarios todavía frente a la masa colectivista pero cada día más numerosos, que, muchas veces de forma inconsciente, están —estamos— modificando esta situación. La postmodernidad ha traído consigo una revalorización del autogobierno personal que tal vez sea la clave del divorcio que se da en muchas sociedades humanas entre un sector grande y heterogéneo de la población y muchas de las instituciones y convenciones derivadas del contrato social heredado del pasado.

Un indicio de ese divorcio es el que arrojan frecuentemente los bajos índices de participación electoral. Otro es la beligerancia con que los jóvenes se oponen al servicio militar obligatorio, que va siendo abolido país tras país. Otro más es la reacción airada de la ciudadanía cuando, a estas alturas, el Estado pretende imponer la moral mayoritaria —sea cual sea— a los individuos. Hay muchos más, desde el derrumbamiento del nacionalismo de Estado hasta la negativa de muchas parejas a firmar un contrato público de matrimonio para vivir en común, desde la multiplicación de los paraísos fiscales y otros medios de protección de la propiedad frente al Estado colectivista hasta el incremento exponencial del trabajo por cuenta propia y del teletrabajo desde el hogar.

El colectivismo muere lentamente y el mundo, primero el occidental y después, gracias a la globalización, también el resto del planeta, se encaminan a largo plazo hacia una sociedad universal de individuos mucho más autogobernados que en cualquier periodo anterior de la Historia. La revolución de las comunicaciones es un factor clave de esta nueva situación, al limitar o eliminar muchas de las trabas que los poderes públicos imponían al comercio, a la circulación de información (y sobre todo a la libre emisión por parte de cualquier persona o grupo hacia el conjunto de la sociedad) y a las demás formas de relación e interacción directas entre las personas.

9.2. En este orden de cosas, existe una perceptible fricción entre el incremento vertiginoso de la soberanía individual de millones de personas y el temor arracional que esa situación despierta en otros millones de personas consciente o inconscientemente colectivistas —temor incentivado además por miles de políticos y otros intérpretes del “bien común” que perciben el rápido declive de su poder—.

Las voces que se alzan (desde cualquier punto del espectro ideológico) en contra de la globalización, o que se duelen de la acelerada pérdida de capacidad coercitiva de los Estados, están en realidad denunciando el avance de la soberanía individual. Su temor no es muy diferente del eterno miedo a la libertad, y es un temor fundado, ya que libertad implica responsabilidad y ésta obliga a razonar, tomar decisiones y asumir sus consecuencias. La batalla que subyace es la pugna entre razón y misticismo, entre la valiente interpretación del ser humano como un ente soberano, capaz y autosuficiente —y como un fin en sí mismo— y su entendimiento opuesto: como un ser inferior que se asusta de su propia inteligencia o de los límites de ésta y prefiere sustituirla por el misticismo, por sus dioses y, en lo político y social, por el liderazgo paternal de otros que piensen por él y que asuman por él las consecuencias.

9.3. En efecto, no tendremos a quién idolatrar ni demonizar si nosotros somos nuestros únicos dueños, si nosotros somos los responsables de lo bueno y malo que nos suceda, si nosotros razonamos y decidimos con todas las consecuencias, si en definitiva somos libres y no tenemos “ni Dios, ni patria, ni fueros ni rey” sino una consciencia plena de nuestra maravillosa condición de seres racionales, únicos y autoposeídos. Es el desafío de nuestra era: ser libres, ser soberanos, es decir, ser plenamente humanos.

Quienes no quieran aceptar el reto, sean mayoría o no, están en su derecho de no hacerlo, pero no de imponer a nadie más las consecuencias filosóficas y políticas de su miedo a la libertad: su misticismo, que deriva en la sustitución del uso de la inteligencia por el de toda suerte de creencias volitivas sin un ápice de racionalidad; y su colectivismo, que deriva en la triste abdicación de su soberanía en la masa a cambio de protección… su adopción, en los dos ámbitos, de un comportamiento similar al de las avestruces: sustraerse a la realidad y a la responsabilidad, entrando en simbiosis con los aprovechados que se valen de esa extendida debilidad para convertirse en líderes e intérpretes de unos seres humanos escasamente dignos de tal nombre porque han renunciado, al menos parcialmente, a aquello que les hace diferentes de las demás especies.

10. Un compromiso personal.

10.1. Por todo lo expuesto, proclamo mi derecho natural e inalienable a la autodeterminación y, acto seguido, en ejercicio de la soberanía personal que poseo, presento ante el resto del mundo mi solemne declaración de independencia. Así, por la presente, afirmo que no reconozco patria alguna ni poder ajeno sobre mi persona, y que mi obediencia, en su caso, a ciertas leyes contrarias a mi conciencia, emitidas por los diferentes regímenes colectivistas en cuyo territorio me halle en cada momento, será un acto meramente táctico que no comprometerá mi comportamiento futuro. Como estoy en guerra contra esos regímenes, lucharé con sus armas y me camuflaré en la alienante normalidad de su masa de súbditos, pero, cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, golpearé pacíficamente su estructura, pondré de manifiesto su ilegitimidad y, desafiando o incumpliendo si es preciso sus normas, contribuiré a su derrumbe en beneficio mío y de la Humanidad.

10.2. Al declararme rebelde y asumir el liberalismo libertario desde mi propio entendimiento del mismo, me comprometo a la defensa de la causa de la libertad humana, a ser cada día un poco más libre, a hacer cada día algo por herir de muerte al colectivismo y a ayudar solidariamente a cuantas otras personas luchen también por desembarazarse de tan formidables ataduras. Declarada unilateralmente mi independencia, reconozco de inmediato como único límite a mi libertad la de cada uno de los demás seres humanos, pero, en consecuencia, les impongo también la misma restricción en lo concerniente a mi soberanía, cuya invasión no toleraré.

10.3. Así pues, llamo a todos los hombres y mujeres a adquirir el mismo compromiso personal que aquí suscribo, y les convoco a la subversiva lucha cotidiana por su propia libertad personal, una forma de rebeldía mucho más eficaz que cualquier organización armada. En su entorno habitual y sin recurrir a la violencia ni disponer de grandes medios, todos los seres humanos pueden hacer algo cada día por situar en el vaso medio vacío de su propia soberanía personal —y la de todos— una gota más de libertad. Cuando todas esas gotas colmen el vaso y todos los vasos se desborden, la libertad fluirá imparable y la Humanidad podrá al fin derrocar el sistema de regímenes colectivistas que aún mantiene sojuzgados a los individuos humanos.

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